El Tribunal de Justicia Europeo estimó que a través de la libertrad de circulación de capitales, que el adquirente no está obligado a explotar la granja y vivir en la misma. Tampoco exige la nacionalidad austríaca. Cada persona, independiente de la nacionalidad o de la sede de la empresa, puede comprar terreno boscoso o una granja en Austria y sobre todo en Tirol. Puesto que la explotación regular está garantizada, la misma puede suceder por un tercero y no tiene que ser por el mismo adquirente. Los tribunales competentes en Austria no siguen esta jurisprudencia, un hecho que yo reseñe varias veces.
Tratando la modificación de la Ley sobre el tráfico de la propriedad rústica tirolés en mi ensayo para el colegio de abogados en Tirol, me referí a la situación precaria. En mi comentario actual a la ley sobre el tráfico de la propriedad rústica tirolés describí la situación legal de una manera detallada y científica teniendo en cuenta la legislación de la UE. Como soy el autor de esta obra modelo sobre el tráfico de la propriedad rústica tirolés, conozco esta materia a fondo, tanto en la práctica como en la teoría.
Por el continuo contacto con todas las autoridades competentes en cuanto a la ley sobre el tráfico de la propriedad rústica tirolés y por el hecho de que me dedico a la materia tanto en la teoría como en la práctica todos los días, forman parte de mi clientela no sólo personas interesadas en inmuebles en Austria sino también notarios para conseguir los permisos y contratos en cuanto a sus clientes.
Redundo en provecho a mi obra modelo de la cual puedo citar. El Tribunal Constitucional austríaco honoró mi trabajo citando uno de mis ensayos cuando anuló uno de los apartados esenciales de la ley sobre el tráfico de la propriedad rústica tirolés. En este ensayo del año 1996 expuse que la libertad de la circulación de capitales prohibe que a un extranjero le puede ser denegado el permiso de compra de un inmueble en Austria que no explota el mísmo. Consecuentemente, los austríacos tienen el derecho de referirse a la libre circulación de capitales. Según el Tribunal Constitucional austríaco se trata de una discriminación improcedente de ciudadanos nacionales que no tengan este derecho.